El proyecto fue avalado entre el miércoles y jueves en la Cámara de Senadores y ahora será sometida a una etapa de revisión antes de ser enviada a la de Diputados -también bajo control gobiernista- para su revisión y sanción constitucional.
La norma permitirá investigar casos de corrupción en los últimos 20 años y elevará el delito a carácter imprescriptible.
La Constitución Política del Estado establece dos ámbitos de retroactividad de investigación y de sanción, el primero son los derechos laborales que benefician al trabajador y en los delitos de corrupción referidos a daño económico al Estado, informó el presidente en ejercicio de la nación, Alvaro García Linera, reporto ABI.
"Lo que hace la Ley es desarrollar el mandato de la CPE, no está incorporando una figura nueva, por lo que no habría por qué tener preocupación y miedo", subrayó, cito ABI
Además, premia a los delatores con la reducción de pena, establece una política de protección de testigos, crea juzgados especiales anticorrupción y elimina el secreto bancario.
Uno de los principales artículos dice: "el que mediante actividad privada incremente desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando al patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años, multa de 100 a 300 días y el decomiso de bienes obtenidos ilegalmente".
El presidente del comité de Constitución del Senado, el oficialista Eduardo Maldonado, dijo al diario La Prensa que "hay que entender que el ámbito de aplicación de la norma pretende ser extensivo a todo el conjunto de la sociedad".
Para el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, las debilidades de la ley son su condición retroactiva y la imprescriptibilidad de los delitos, pues -dijo- viola normas y tratados internacionales.